Desde que en noviembre de 2012 el Gobierno de la ciudad encargó a la empresa CERCOR la redacción de un “Mapa Estratégico de ruidos” por valor de 32.450,08 euros han pasado 3 años y 3 meses.

La Consejería de Medio Ambiente puso en información pública a través de su web la documentación entregada por CERCOR. La fecha de redacción es de hace casi 2 años, el 30 de abril de 2014.

El mapa de ruidos es una herramienta de planificación urbanística. Llegaba tarde porque se estaba anunciando la aprobación del PGOU de Melilla y del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

Un mapa de ruidos es un diagnóstico, que tras pasar por un periodo de información pública, se aprueba no como algo que tenga valor en sí mismo, sino como punto de partida para la redacción de un Plan de Acción contra la contaminación acústica.

Todos los municipios españoles están obligados a la aprobación de una “Zonificación acústica”, y el mapa de ruidos encargado a CERCOR lo incluye, pero lo que se encargó también incluía un Plan de Acción, y se hizo de forma voluntaria por parte de la Ciudad. Ahora, o se continua con el proceso, o se habrán perdido 32.450,08 euros de dinero público.

Desde «Guelaya. Ecologistas en Acción» y Melilla ConBici hemos manifestado, tanto en los medios de comunicación, como en las sesiones de participación del PMUS, como con el actual consejero de Medio Ambiente, la necesidad de continuar con el proceso de redacción del Plan de Acción. ¿Qué sentido tiene saber quién está afectado, y donde, por la contaminación acústica en Melilla, si no se hace nada para evitarlo?

Ahora sabemos que están afectados de forma grave con más de 75 decibelios 132 viviendas y 443 personas.

El ruido es igual o superior a 65 decibelios, por encima de los valores límites legales, en 8.054 viviendas, en donde viven 26.555 personas, incluyendo 19 colegios (entendemos centros docentes en general), y 12.393 alumnos, más un centro de salud.

Y la causa principal es el tráfico motorizado en un 97%, y las instalaciones industriales en el resto, como la incineradora, en menor medida porque afecta de forma directa a la población que vive en sus cercanías.

Además, sabemos que las ordenanzas de ruidos del 2010 aprobadas en Melilla no están actualizadas, y deben modificarse para cumplir con la normativa legal. Es decir, va a ser difícil conseguir poner una multa por exceso de ruido en la ciudad si se basa en una normativa obsoleta.

Por todo ello, nos hemos dirigido a la Consejería de Medio Ambiente para solicitar que se comience con las alegaciones y audiencias previas a la redacción del plan y al periodo de información pública posterior.

Las consecuencias de la contaminación acústica son psicológicas, físicas, sociales y económicas. No se hacen leyes, como las del ruido, si no fuera para proteger a la población de un problema de contaminación.

No es un capricho de entidades sociales, es un problema que está por resolver y que afecta a un sector significativo de la población melillense. Como mínimo, se debe demostrar voluntad política para resolverlo.